"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Acceso universal
La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprueba el informe de ponencia de la ley de protección a consumidores vulnerables
10/02/2022
La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprobó este jueves, por 25 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero. Además, acordó mantener vivas las 128 enmiendas presentadas por parte de los diferentes grupos parlamentarios hasta el Pleno de la Cámara Alta en el que se debatirá el texto, que podría incluir la exclusión financiera que sufren las personas mayores a causa de la brecha digital.
En el uso de su turno de palabra, la senadora María Esther Carmona, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, subrayó que las 11 enmiendas registradas por la formación tienen el “único objetivo” de “dotar de una mayor protección a las personas con discapacidad”, garantizándoles “una información accesible” con el fin de que “puedan optar y adoptar sus decisiones de consumo de forma óptima”.
En este sentido, resaltó que el PSOE “hace suya” la propuesta del CERMI para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la “accesibilidad universal” de aquellos bienes y productos de consumo de “especial relevancia” para la “protección de la seguridad, integridad y calidad de vida” de las personas con ceguera o discapacidad visual como consumidores vulnerables, lo que juzgó “un avance importante para la supresión de barreras”.
En paralelo, precisó que los socialistas también proponen una enmienda para que las empresas puedan disponer de un periodo transitorio para cumplir con las nuevas obligaciones en relación con la “accesibilidad y legibilidad” en los contratos con consumidores que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, “equiparando” su texto legal a los vigentes en otros países del entorno.
Por su parte, la también socialista Aurelia Sánchez, vocal de la Comisión, aseveró que el proyecto de ley es una normativa “eminentemente social” que, a su juicio, “protege y mejora la igualdad en las relaciones de consumo cuando realmente son más desiguales”. “Cuando nos encontramos en una situación de vulnerabilidad es cuando necesitamos el apoyo y el amparo de las administraciones, pero también de una norma garantista, como es este proyecto de ley”, abundó, para llamar la atención sobre la importancia del “diálogo y las aportaciones valiosas” de los grupos con el fin de “mejorar” una “norma especial que tiene la mirada puesta en la parte más vulnerable de la sociedad”.
CERMI
En este punto, felicitó al CERMI por sus propuestas “para que conozcamos más de cerca las necesidades de las personas consumidoras con discapacidad”, que, dijo, “necesitan específicamente unos soportes accesibles y comprensibles para ellas”, convencida de que “es posible un modo más inclusivo de plantear las relaciones de consumo” y de que este proyecto de ley “viene a reforzar todas las medidas del escudo social que está poniendo en marcha el Gobierno para atender a los consumidores más indefensos y más desprotegidos”.
En la misma línea, Manuel Ángel Fernández, portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, alertó de que hay un 39% de españoles que, “por sus circunstancias personales, económicas y sociales”, se encuentran en una situación “de inferioridad e incluso en una situación de indefensión en las relaciones de consumo”. “Y tenemos que dotarles de la necesaria protección que garantice el equilibrio en las posiciones de contratación de bienes y servicios”, sentenció, al tiempo que esperó que el texto final de este proyecto de ley responda a sus necesidades.
Por el PP, Bienvenido de Arriba, vocal de la Comisión, afirmó que, para los 'populares', la “protección” de los consumidores es “una prioridad”, al igual que la promoción de un consumo responsable y la defensa de los derechos de los consumidores, “especialmente de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, entre las que citó a personas mayores, personas con discapacidad, ciudadanos en riesgo de exclusión social, menores de edad, familias monoparentales o familias numerosas.
A este respecto, denunció que el Gobierno ha presentado “un mini primer proyecto de ley a todas luces insuficiente" dado que, según su criterio, "no protege de una forma real y efectiva a los consumidores", y que presenta "numerosas carencias, además de faltar a la verdad en otras”, justificando así las 18 enmiendas presentadas por su grupo al proyecto.
ACCESIBILIDAD
Entre ellas, se refirió a las enmiendas de adición, una relativa a la necesidad de garantizar la atención personalizada al consumidor vulnerable en los servicios financieros de banca, para que tenga la consideración de servicio “básico y universal” y una segunda de atención al consumidor vulnerable en los servicios financieros en el medio rural, en la que proponen que Correos y las entidades financieras bancarias “faciliten” que estas últimas presten sus servicios financieros a través de las oficinas de correo o unidades móviles financieras.
Las enmiendas de los 'populares' también incluyen la protección en materia de “accesibilidad y de información comprensible” en el etiquetado, en la información de ofertas comerciales y en la información previa a los contratos, o la importancia de que se dé información sobre la atención al cliente en el etiquetado o que se asegure una oficina de atención al cliente accesible para las personas con dificultades de movilidad.
En paralelo, el PP exige que se “agraven” las sanciones cuando se “atente” contra los consumidores en situación de vulnerabilidad e introduce la referencia a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social para “permitir dotar de una mayor protección y garantía de los derechos a estos usuarios”, además de demandar un proyecto de ley contra la ocupación ilegal.
Su compañera de grupo Paloma Inés Sanz, portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, puntualizó que la ley “llega tarde y es muy insuficiente”, al entender que el Ejecutivo de Sánchez podría haber elaborado un proyecto de ley “que reformara de manera amplia” el texto refundido de la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios, y lamentó que no se hayan incluido en la ponencia temas como la necesidad de garantizar el acceso a los servicios financieros a personas mayores o con discapacidad.
Asunción Castellví (Junts), portavoz del grupo parlamentario nacionalista en el Senado, afirmó que los “factores más importantes” en los que tiene que “fundamentarse” el proyecto son garantizar la asequibilidad de los productos, bienes y servicios; asegurar la disponibilidad de una información “clara, comprensible, accesible y fácil de manejar” sobre ellos; adoptar un enfoque “justo y no discriminatorio” en la formación digital; garantizar la educación permanente, la sensibilización y la formación, especialmente en menores de edad, y proteger frente a prácticas discriminatorias por razón de género.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO
Nerea Ahedo (EAJ-PNV), portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, juzgó “interesante” el “plazo” que la Comisión se ha dado hasta el Pleno “para seguir hablando e intentar negociar hasta el último momento” en torno al texto, si bien instó a ser “escrupulosos y cuidadosos con el respeto competencial” en esta materia, dado que, recordó, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.
Finalmente, Josep Rufá, viceportavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu en la Comisión, que se abstuvo en la votación del informe de la ponencia, defendió que será “fácil realizar acuerdos, modificaciones o transaccionales” en torno a las enmiendas presentadas, dado que, destacó, “algunas se repiten con algunos otros grupos que han presentado enmiendas muy parecidas”.
Fuente: Servimedia
